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Cronos Mar del Plata

Legisladores recomiendan cargos penales contra jefe de Gabinete de Trump por ataque al Capitolio

Se espera que el pleno de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, vote hoy si remite el caso de Meadows al Departamento de Justicia para que considere posibles cargos.

Mundo Héctor Contreras 14 de diciembre de 2021
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La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump aprobó recomendar cargos penales por desacato contra Mark Meadows, jefe de Gabinete del expresidente republicano, por negarse a declarar en el marco de la pesquisa, mientras que el Gobierno de la ciudad de Washington presentó hoy una demanda contra dos grupos de derecha por su rol en el ataque.

"El hecho de que Meadows no compareciera para prestar declaración (...), después de que se le diera una segunda oportunidad para cooperar con la comisión, constituye un incumplimiento intencional de la citación", señaló anoche la comisión.

Si se lo declarara culpable en un eventual juicio, Meadows podría exponerse a seis meses de cárcel por cada cargo de desacato, pero lo más probable es que se le imponga una multa.

Los legisladores investigan los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió con el presidente Joe Biden, a través de una campaña que degeneró en el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, y si Meadows le ayudó.

El cuarto y último jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump declaró al panel que no cooperará hasta que no se resuelva una petición de su exjefe, que solicitó acogerse al "privilegio ejecutivo" que permite a los presidentes mantener en secreto ciertas conversaciones con sus asesores.

Los nueve miembros de la comisión votaron recomendar cargos de desacato contra Meadows.

"Cualquiera que fuese el legado que pensaba que había dejado en la Casa Blanca, este es su legado ahora: antiguos colegas que recomiendan que se le inicie un proceso penal porque se negó a contestar preguntas sobre lo que sabe de un brutal ataque a nuestra democracia", expresó el legislador demócrata Bennie Thompson, que encabeza el panel.

"Ese es su legado. Pero no nos dejó opción. El señor Meadows se puso en esta situación. Ahora debe aceptar las consecuencias", dijo, informó la agencia de noticias AFP.

Los investigadores afirman que Meadows no puede invocar el derecho a guardar silencio después de que la comisión publicara, la semana pasada, mensajes de texto y correos electrónicos entre el exjefe de gabinete y Trump que detallan esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó una petición de Trump de que no se revelen sus conversaciones con exasesores, invocando un "privilegio ejecutivo" que tienen los exmandatarios.

El ex mandatario tiene dos semanas para apelar ante la Corte Suprema.

La comisión dice que Meadows "está muy bien situado para proporcionar información clave, ya que tuvo un papel oficial en la Casa Blanca y uno oficioso en la campaña para la reelección de Trump".

Antes de decir que no estaba dispuesto a seguir cooperando, Meadows entregó voluntariamente al comité 6.600 páginas de documentación, entre correos electrónicos de cuentas personales y unos 2.000 mensajes de texto.

El domingo se conoció un documento de 51 páginas con parte de esos mensajes, incluido un correo electrónico del 5 de enero de Meadows que decía a una persona no identificada que la Guardia Nacional estaba lista para "proteger a los pro-Trump".

Meadows acusa a la comisión de abuso de poderes y la semana pasada presentó una demanda contra sus nueve miembros y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para pedir que un tribunal federal bloquee la aplicación de las citaciones emitidas contra él y de otra dictada con el objetivo de acceder a sus registros telefónicos.

Además, el Gobierno de Washington presentó una demanda civil acusando a Proud Boys, Oath Keepers y más de 30 personas asociadas con estos grupos de "conspirar para aterrorizar" a la capital estadounidense, dijo en rueda de prensa el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine.

La demanda tiene como objetivo "desalentar futuros actos de violencia" y compensar a las víctimas, incluidos los policías de la capital estadounidense, declaró Racine, informó la agencia de noticias AFP.

Según la denuncia, "el atentado del 6 de enero fue un acto coordinado de terrorismo interno" y la ciudad de Washington se vio obligada "a afrontar las consecuencias" de este ataque.

El texto se basa en una ley promulgada en 1871 para proteger los derechos de los afroestadounidenses después de la abolición de la esclavitud en 1865, en particular contra grupos extremistas como el Ku Klux Klan.

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