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Pergamino: avanza la causa por una escuela rural fumigada, en un estado de alerta comunitaria por aguas contaminadas

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En una medida inédita para este tipo de causas pero acorde a la ley vigente, la justicia federal detuvo a un ingeniero agrónomo y al piloto que sobrevoló una escuela rural en el partido de Pergamino mientras aplicaba agrotóxicos. También secuestró el avión aplicador. La causa se da en el marco de la histórica puja por la cantidad de metros que alejan los plaguicidas de las poblaciones y escuelas, situación que en Pergamino tiene un antecedente reciente basado en la grave situación ambiental: en abril de 2019 la justicia federal acreditó que el agua potable que se consume en el lugar tiene 18 sustancias químicas altamente peligrosas (entre otras, 2-4D, atrazina y clorpirifos); y ordenó, tras comprobarse daño genético en niños y adultos expuestos a la contaminación, la prohibición de aplicaciones a menos de 3.000 metros para aviones y 1.095 para equipos terrestres de la ciudad bonaerense. Las escuelas rurales, a la deriva tanto de los venenos cómo de la insuficiente ley provincial: el episodio en Gornatti no es una excepción, como señalan los pueblos fumigados que se rebelan a enfermarse y reclaman al gobernador Kiciloff que se prohíba la fumigación área y se restringa claramente la terrestre en toda la provincia.

Por Anabel Pomar

Corría el tercer día de clases, 3 de marzo, cuando un avión aéreo aplicador sobrevoló la Escuela 37 ubicada en el Paraje Gornatti, partido de Pergamino, mientras aplicaba agrotóxicos en los campos linderos.

Las imágenes del sobrevuelo se hicieron públicas en redes; muestran tristemente lo que es usual en Argentina: lugares donde acuden niñas y niños rociados con plaguicidas altamente peligrosos.

Por ese hecho, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, Titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, procedió al procesamiento y la detención de Ángel García,  el piloto que sobrevoló la escuela en Gornatti, por “vuelo temerario” y supuesta infracción de la Ley de Residuos Peligrosos que prevé penas de entre 10 y 25 años para quien utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.  

El juez también dispuso la detención de Santiago Jacobi, el ingeniero agrónomo que habría autorizado la pulverización aérea. Y tras ordenar muestras en el lugar de los hechos, indicó secuestrar el avión aéreo aplicador utilizado.

En el partido de Pergamino, todos los pueblos de campañas están en la misma situación que esa escuela rural. No están alcanzados por la protección que sí brindó una cautelar judicial a la población de la ciudad, habilitando la posibilidad de este tipo de vuelos de la muerte en poblaciones y escuelas rurales.

La ley de la Provincia de Buenos Aires para “fitosanitarios” establece una distancia de cero metros para las pulverizaciones terrestres y 2.000 para las aéreas. Salvo, claro, en aquellas ciudades o lugares donde tengan alguna protección superadora por ordenanza, cautelares o medidas judiciales. Por ese motivo, pidiendo el cese de la vulneración de los derechos a la salud y el ambiente, desde comunidades y pueblos fumigados de esa provincia hicieron público un petitorio abierto a firmas exigiendo al Gobernador Axel Kicillof, entre otras demandas, que derogue inmediatamente la «Resolución del Veneno» (Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario) -cuyo espíritu permite pulverizar prácticamente sin ninguna limitación-, e implemente la prohibición total aérea y una restricción absoluta de la aplicación terrestre de agrotóxicos a 2000 metros de las poblaciones en todo el territorio provincial. https://www.lavaca.org/notas/paren-de-fumigarnos-mas-de-20-organizaciones-piden-la-prohibicion-de-agroquimicos-en-la-provincia-de-buenos-aires/embed/#?secret=TzCd8qSZsG

Mismos delitos, distinta justicia

Las detenciones y el secuestro en este caso de Gornatti permiten inferir que la investigación avanza acorde al delito investigado. Lo que, cabe decir, es casi es una excepción para este tipo de casos.

Por dar un solo ejemplo, ante un hecho de iguales características, sucedido en Exaltación de la Cruz, el 11 de marzo de 2019, el fiscal Juan Manuel Esperante, a cargo de la investigación de una pulverización aérea sobre una escuela de Parada Robles, no ordenó en dos años ninguna medida similar a la de Pergamino. Pese a que autoridades de agricultura provincial procedieron a secuestrar la avioneta y clausurar el hangar, el mismo día del hecho, el fiscal durmió la causa.

Desde el  grupo Exaltación Salud, que denunció esa inacción ante la justicia, señalaron que no solo no se avanza para investigar sino que se permitió el productor del campo efectuara la donación de bancos y dos televisores al establecimiento pulverizado.  Fabián Maggi, abogado de ese grupo vecinal, señala: “Basado en mi experiencia tengo la presunción que esa diferencia en las actuaciones (entre Pergamino y otros casos) obedecen a que el ministerio público fiscal nacional tiene instrucciones de atender adecuadamente las denuncias ambientales y por el contrario, el ministerio público fiscal de la provincia tiene instrucciones de no avanzar”.

La “perla del norte”, fumigada

En Pergamino, también en el juzgado de Villafuerte Ruzo, tramita la causa conocida como “Cortese” por contaminación con agrotóxicos. Dentro de la misma, el juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva a tres productores rurales Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno de ellos por tres millones de pesos.

Asimismo fueron procesados dos funcionarios municipales, Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, ex titular y ex auditor respectivamente de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, a quienes además les trabaron embargos sobre sus bienes por la suma de tres millones de pesos a cada uno.

En abril de 2019 la justicia federal también acreditó en el agua potable que consumen los pobladores de la ciudad de Pergamino no resultaba apta para consumo humano y se detectó la presencia de 18 sustancias químicas altamente peligrosas para la salud y utilizadas por la agroindustria, entre otras, 2-4D, atrazina y clorpirifos.

La contaminación fue acreditada por estudios ordenados por el juzgado y con la participación de prestigiosos especialistas como la Dra. Virginia Aparicio (INTA Balcarce), el Dr. Damián Marino (UNLP) y el Dr. Medardo Ávila Vázquez.

El 30 de agosto de 2019 la medida cautelar, que inicialmente comprendía tres barrios, extendió la prohibición del uso de pulverizaciones y fumigaciones a todo Pergamino, estableciéndose una distancia de 3.000 metros para aviones y 1.095 para equipos terrestres. En la causa se acreditó el daño genético en niños y adultos expuestos a la contaminación.

Pero esos metros solo rigen respecto de la ciudad cabecera y no alcanza al resto de las comunidades del mismo municipio. En el resto del país la situación es igualmente grave, o peor.

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