Los fabricantes de automóviles no regulan adecuadamente sus suministros de metales necesarios para las baterías eléctricas para resguardar los derechos humanos de trabajadores y comunidades, alertó el martes Amnistía Internacional (AI).
El informe atribuye a 13 grandes marcas de vehículos eléctricos una calificación que refleja el alineamiento de sus cadenas de suministros de metales para baterías con los estándares internacionales de vigilancia en materia de derechos humanos, definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
AI constató un «avance innegable» en el sector desde la primera versión del informe, en 2017, pero aclaró que ninguna empresa analizada ejerce «una vigilancia razonable» de sus cadenas logísticas.
«Las comunidades (locales) sufren expulsiones forzadas, problemas de salud debidos a la contaminación y dificultades de acceso al agua», precisó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Las marcas peor calificadas por AI son la china BYD, con 11 puntos sobre 90, la japonesa Mitsubishi Motors (13/90) y la coreana Hyundai (21/90).
La mejor nota la obtuvo la alemana Mercedes-Benz con 51/90, seguida por la estadounidense Tesla (49/90).
En tanto, Stellantis, Volkswagen, BMW y Ford completan la lista de fabricantes «moderadamente» alineadas a las normas internacionales de derechos humanos.
En septiembre de 2023, AI acusó a las multinacionales de efectuar expulsiones forzadas, amenazas, actos de intimidación y engaños contra las poblaciones locales en sitios de extracción de cobalto y cobre en el sudeste de la República Democrática del Congo.
La oenegé documentó en 2021 casos de violaciones de derechos humanos ligados a la explotación de níquel en Filipinas, afectando especialmente a pobladores autóctonos.
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