La historia reciente de Estados Unidos muestra un aumento dramático de la violencia institucional contra la ciudadanía y las poblaciones migrantes, impulsado por una expansión sin precedentes de la agencia de control migratorio ICE y el uso de fuerza excesiva fuera de todo límite legal. Este fenómeno no solo ha llevado a numerosas muertes y abusos documentados, sino que también ha reactivado la memoria de luchas históricas como la de las Panteras Negras, que surgieron en los años 60 como respuesta directa a la violencia policial y a la negación sistemática de derechos civiles. Las Panteras Negras, formalmente el Black Panther Party, surgieron en octubre de 1966 en Oakland, California, en un contexto marcado por la segregación racial, la pobreza estructural en los barrios afroamericanos y un uso sistemático de la violencia policial contra esa comunidad. El movimiento fue fundado por Huey P. Newton y Bobby Seale, dos jóvenes militantes que entendían que los derechos civiles proclamados por el Estado estadounidense no se cumplían en la práctica para millones de ciudadanos negros. A diferencia de otros movimientos de la época, las Panteras Negras combinaron una denuncia política directa del racismo institucional con acciones concretas de organización comunitaria y autodefensa. Su objetivo central fue enfrentar la brutalidad policial, documentar abusos y garantizar protección en los barrios donde el Estado solo aparecía en forma represiva. Al mismo tiempo, impulsaron programas sociales de gran alcance —como desayunos gratuitos para niños, clínicas de salud comunitarias y asistencia legal— bajo la consigna “Serve the People”, que buscaba cubrir necesidades básicas que el sistema ignoraba. Su postura abierta frente a la policía, su discurso antirracista y anticapitalista, y su capacidad de organización los convirtieron rápidamente en un actor político relevante y, al mismo tiempo, en un blanco prioritario para las agencias federales de seguridad, que los consideraron una amenaza interna. Así, las Panteras Negras no surgieron como un grupo marginal o violento, sino como una respuesta organizada y política a la negación sistemática de derechos ciudadanos, en un país que proclamaba libertad e igualdad mientras toleraba, y muchas veces promovía, la represión sobre una parte de su propia población. Las Panteras Negras fueron un movimiento organizado que defendió la autodefensa comunitaria, los programas sociales y la denuncia frontal del racismo estructural. Su aparición fue una respuesta directa al uso desmedido de la fuerza por parte de la policía local y a que el Estado negaba derechos básicos a afroamericanos en barrios enteros. Hoy, frente al espectro de una violencia estatal creciente, muchos analistas y activistas señalan el paralelismo con esa década de luchas: el Estado, en vez de proteger a la ciudadanía, actúa como fuerza coercitiva sobre ella. ICE, Inmigración and Customs Enforcement, es decir, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, no es “policía urbana”, pero opera con herramientas típicas de seguridad: detención, traslado, custodia y, en ciertos operativos, uso de fuerza. En las últimas semanas (enero de 2026) se acumularon reportes que alimentan la percepción de brutalidad y negación de derechos básicos: Muertes bajo custodia: Reuters informó que en los primeros 10 días de 2026 murieron cuatro migrantes en custodia de ICE y que 2025 fue el año más letal en dos décadas, con un número récord de fallecimientos bajo detención. Caso Fort Bliss (Camp East Montana): AP y Reuters describen la muerte de un detenido cubano (Geraldo Lunas Campos) con versiones oficiales cambiantes y un dato clave: una autopsia preliminar que apunta a asfixia por compresión de cuello y pecho, mientras testigos mencionan sujeciones violentas. Denuncias de trato cruel y degradante: Amnesty International publicó en diciembre de 2025 un informe sobre presuntas violaciones de derechos humanos en centros de detención en Florida, describiendo condiciones y prácticas que califica como crueles, inhumanas o degradantes. Estas piezas no prueban, por sí solas, “una política oficial de brutalidad” homogénea en toda la agencia. Pero sí dibujan un cuadro de falta de control efectivo, relatos oficiales en disputa, y un sistema donde el detenido es, en la práctica, el eslabón más débil. Los datos más recientes son contundentes. En 2025, al menos 30 personas murieron bajo custodia de ICE, la cifra más alta en más de veinte años, en un contexto de detenciones masivas y expansión de centros de detención migratoria. En los primeros diez días de 2026, cuatro migrantes más murieron bajo custodia de esa misma agencia. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado trato cruel, inhumano y degradante en centros de detención en Florida, documentando condiciones que violan normas internacionales de derechos humanos. Estos hechos no ocurren en el vacío. El 7 de enero de 2026, la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good fue fatalmente baleada por un agente de ICE en Minneapolis, en medio de operaciones de control migratorio que incluyen miles de agentes federales desplegados en lo que el gobierno llamó su mayor operación de este tipo. La muerte de Good ha desencadenado protestas multitudinarias en Minneapolis y en otras ciudades del país, y ha puesto en evidencia tanto la intensidad como la impunidad con la que se aplica la fuerza federal. Además de muertes, se han documentado detenciones violentas de civiles que no ofrecían resistencia, incluidos ciudadanos, así como el uso de municiones “menos letales” que han dejado a manifestantes gravemente heridos, como en Santa Ana, California, donde varios fueron impactados en el rostro durante protestas contra ICE. Este patrón de violencia institucionalizada expone una contradicción flagrante: mientras Estados Unidos se presenta en el plano internacional como defensor de los derechos humanos y crítico de abusos estatales en otros países, en su propio territorio viola derechos ciudadanos elementales, permite detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y represión de protestas sin una rendición de cuentas efectiva. La respuesta en diversos estados ha sido variada pero clara: gobiernos y autoridades locales han presentado demandas contra la administración federal por violaciones a derechos constitucionales, argumentando que la presencia agresiva de agentes federales en ciudades como Minneapolis viola derechos como la libertad de expresión y reunión pacífica. Otros estados, como Illinois, también han cuestionado prácticas de detención y uso de fuerza en sus jurisdicciones. Si algo demuestra este contexto es que el Estado, cuando se arma y se desliga de límites legales básicos, se convierte en fuente de violencia contra la propia población. Y cuando eso ocurre, los movimientos sociales pueden reorientarse hacia formas de organización defensiva que recuerdan poderosamente a las reivindicaciones originales de las Panteras Negras: protección comunitaria, denuncia de abusos y lucha por derechos que el Estado se niega a garantizar. Lejos de ser un retorno nostálgico, este proceso responde a una realidad documentable de erosión de garantías civiles, que plantea interrogantes urgentes sobre el futuro de los derechos humanos dentro de Estados Unidos. El fascismo se expresa a través de prácticas concretas que buscan concentrar poder, anular derechos y disciplinar a la sociedad mediante el miedo. Entre sus rasgos centrales se encuentran la militarización del Estado, el uso sistemático de fuerzas de seguridad para reprimir disidencias, la construcción de enemigos internos (migrantes, minorías, opositores, periodistas), la restricción de libertades civiles y el desprecio por el Estado de derecho cuando este limita la voluntad del poder. A esto se suma la propaganda constante, la desinformación deliberada, el culto al orden y a la autoridad, y la justificación de la violencia estatal como mecanismo legítimo para “restaurar” una supuesta normalidad. En la práctica, el fascismo no se presenta siempre con uniformes o símbolos explícitos: avanza cuando la excepcionalidad se vuelve regla y la represión se naturaliza como política de gobierno.
A.G.