Cuatro años de guerra civil han reducido a Myanmar al borde del abismo. En el aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno elegido democráticamente el 1 de febrero de 2021, la nación se mira en el espejo y se encuentra desfigurada. Myanmar es el lugar más violento del mundo, según el proyecto Armed conflict location and event data project (Acled), una organización que recoge y analiza datos sobre conflictos en todo el mundo: hay más de 50.000 muertos -entre ellos más de 8.000 civiles- y más de 3,5 millones de desplazados. Es un conflicto que el Papa Francisco no deja de mencionar en sus reiterados llamamientos a la paz. La guerra trae consigo el hambre, que ha alcanzado niveles alarmantes: la situación empeorará en 2025, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que prevé que más de 15 millones de personas pasarán hambre en 2025, frente a los 13,3 millones del año pasado. Quienes viven en zonas asoladas por los enfrentamientos armados entre el ejército y las fuerzas de la oposición (sobre todo en los estados de Chin, Kachin y Rakhine y en la región de Sagaing) sufrirán altos niveles de inseguridad alimentaria, informa el Pma, mientras que 20 millones de personas -más de un tercio de toda la población- necesitarán ayuda para alimentos y enfermedades. Los desplazados también están aumentando y se espera que aumenten en un millón para 2025 a medida que el conflicto se consolide y se extienda a nuevas zonas. «Los precios de los alimentos en Myanmar siguen subiendo cada mes. La gente no tiene recursos para comprar productos de primera necesidad, debido a la indigencia generalizada», explica a L’Osservatore Romano el padre Bernardino Ne Ne, un sacerdote que, tras ejercer como párroco en Yangon, regresó a la diócesis de Loikaw, en el este del país, una zona marcada por la violencia y los desplazamientos. «Miles de personas están al borde del abismo, se encuentran en campos de refugiados o en asentamientos espontáneos en los bosques. No pueden cultivar la tierra, sobreviven a duras penas y sólo gracias a la ayuda de grupos caritativos como los católicos», relata. Precisamente en Loikaw, donde el ejército birmano ha ocupado el complejo de la catedral de Cristo Rey para convertirlo en campamento base, el obispo y sus sacerdotes también viven como desplazados y comparten la vida de los refugiados. Un capítulo que genera un inmenso sufrimiento es el de las minas antipersona: según el «Monitor de Minas Terrestres 2024», las fuerzas militares han incrementado el uso de minas que matan e hieren indiscriminadamente. En el último año, se han documentado víctimas en los 14 estados y regiones de Myanmar y en cerca del 60% de las ciudades. En el primer semestre de 2024 hubo 692 víctimas civiles de las minas, un tercio de ellas niños. La agencia de noticias Fides informa: «Los soldados entran en las aldeas y obligan a sus habitantes a huir. Colocan minas terrestres en el pueblo, en las granjas, en los campos de arroz y maíz, alrededor del campamento militar. Los habitantes locales, para sobrevivir, van a esas tierras arriesgando sus vidas. Los militares dañan intencionadamente a los civiles porque les acusan de apoyar a las fuerzas de la oposición». Tras cuatro años de conflicto, la situación habla de una junta que intenta reforzar sus filas con una campaña de reclutamiento obligatorio, y los jóvenes que no quieren ser reclutados huyen a la vecina Tailandia para escapar del servicio militar. Paralelamente a este fenómeno, se produce una explosión del trabajo infantil: la guerra ha creado una escasez de trabajadores, que se cubre reclutando a menores, para emplearlos en sectores como la confección, la agricultura, la restauración, el trabajo doméstico, la construcción, la venta ambulante, en abierta violación de los derechos del niño. La Federación del Trabajo de Myanmar señala que los niños son especialmente vulnerables a la explotación. Y mientras las escuelas de muchas zonas permanecen cerradas sin remedio, los niños llevan años privados de su derecho básico a la educación, lo que repercute gravemente en su futuro. Con este trágico telón de fondo, afirma Hyginus Myint Soe, sacerdote de Yangon, la comunidad católica también «vive en una época de desierto», inmersa en una nación que sufre un conflicto civil, mientras en las iglesias la actividad se reduce a menudo a la celebración de los sacramentos. El compromiso de sacerdotes, religiosos y laicos, tanto en las zonas más cruentas como en las del centro del país -donde hay tensión y miedo, pero no violencia-, es salir al encuentro de los necesitados, de los desplazados, de las víctimas de la indigencia o de la desesperación, «donde falta vivienda, trabajo, comida, sustento diario, educación». Se convierten así, en el año del Jubileo, en dispensadores de esperanza.
Paolo Affatato