Durante años, el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales quedó librado casi por completo a la buena voluntad de las plataformas y al control familiar. Hoy, ese enfoque está cambiando de manera acelerada. Un nuevo análisis de la empresa de seguridad tecnológica Privately SA muestra que más de 40 países ya introdujeron, propusieron o revisaron leyes que establecen límites de edad para el uso de redes sociales, con mecanismos de verificación obligatorios. La preocupación es compartida: aumento de la ansiedad, dificultades de concentración, exposición a contenidos dañinos, ciberacoso y una creciente dependencia de las pantallas en edades cada vez más tempranas. Frente a ese escenario, los gobiernos empezaron a dejar atrás las recomendaciones voluntarias y avanzan hacia regulaciones concretas. El punto de inflexión fue Australia, que se convirtió en el primer país del mundo en aplicar una prohibición integral de redes sociales para menores de 16 años. Desde la entrada en vigencia de la ley, en diciembre, las autoridades informaron que las plataformas eliminaron alrededor de 4,7 millones de cuentas que no cumplían con la nueva normativa. El primer ministro Anthony Albanese celebró los resultados iniciales y destacó que la experiencia australiana está siendo observada y replicada en otros países. El mensaje es claro: el Estado asume un rol activo en la protección digital de los menores. En Francia, el presidente Emmanuel Macron respaldó un proyecto de ley que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de 2026. La iniciativa también busca ampliar la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas, incluyendo el nivel secundario completo. Para Macron, el objetivo es explícito: proteger a niños y adolescentes del impacto excesivo de pantallas y redes. En Reino Unido, más de 60 legisladores laboristas reclamaron al primer ministro Keir Starmer avanzar hacia un modelo similar al australiano. El argumento central es social y educativo: chicos más ansiosos, menos concentrados y con mayores dificultades para aprender. Otros países europeos también avanzan. Dinamarca fijó una edad mínima de 15 años para usar redes sociales, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Noruega presentó un proyecto similar, mientras que el Parlamento Europeo pidió establecer una edad mínima de 16 años en toda la UE y limitar los sistemas de recomendación algorítmica para menores. El eje de la discusión ya no es si las plataformas deben verificar la edad, sino cómo hacerlo sin vulnerar la privacidad. Tecnologías como la estimación facial de edad —que funciona directamente en el dispositivo del usuario y no almacena datos biométricos— ganan terreno como una posible solución intermedia. Según datos citados por Privately SA, solo el 13% de los adultos confía en que las plataformas cuiden información biométrica sensible. Sin embargo, un 39% apoya sistemas de verificación que no envíen datos a servidores externos. El desafío es técnico, pero también ético: proteger a los menores sin crear nuevos riesgos. En Argentina, el debate recién comienza y aún no existe una ley nacional que establezca una edad mínima obligatoria para el uso de redes sociales. El marco general de protección está dado por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho a la integridad psíquica y moral, pero no aborda de manera específica el entorno digital. Distintos organismos, especialistas en salud mental y educación vienen alertando sobre el impacto del uso intensivo de redes en la infancia y la adolescencia: trastornos de ansiedad, problemas de sueño, exposición temprana a violencia simbólica y sexual, y una creciente presión social vinculada a la imagen y la validación constante. A nivel escolar, varias provincias avanzaron con restricciones al uso de celulares en el aula, pero sin una política nacional integral sobre redes sociales. La experiencia internacional abre una pregunta inevitable: ¿seguirá Argentina apostando solo a la responsabilidad familiar y a la autorregulación de las plataformas, o avanzará hacia un modelo de protección activa del Estado? En un contexto donde los chicos acceden a las redes cada vez más temprano, el debate ya no parece si regular o no, sino cuándo y cómo hacerlo para cuidar sin prohibir a ciegas. Lo que está claro es que, en gran parte del mundo, la protección de niños y adolescentes en el entorno digital dejó de ser un tema secundario y pasó al centro de la agenda pública.
D.F.