El inicio del 2026 consolidó un giro abrupto en la geopolítica energética global. En pocas semanas, Estados Unidos pasó de la presión diplomática a la acción directa sobre activos estratégicos, combinando control de recursos, redefinición de soberanías y una retórica que tensiona el sistema internacional. La intervención en Venezuela y el avance sobre Groenlandia configuran dos caras de una misma estrategia: asegurar energía, minerales críticos y posicionamiento militar en un mundo cada vez más fragmentado. En ese marco, este sábado el presidente Donald Trump confirmó que el país norteamericano tomó el control de cargamentos de crudo venezolano incautados tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Según explicó en una entrevista con The New York Post, el petróleo transportado en siete buques petroleros fue redireccionado hacia refinerías estadounidenses, principalmente en el polo energético de Houston. “No tengo permitido decirlo”, dijo el mandatario desde su Oficina Oval el viernes. “Digámoslo así: ellos no tienen petróleo. Nosotros lo tomamos”. A su vez, evitó precisar la ubicación de las embarcaciones. De acuerdo con sus declaraciones, el crudo ya se encuentra en proceso de refinación en territorio estadounidense. “Venezuela obtendrá algo, y nosotros también. Luego, las grandes petroleras entrarán y se llevarán tanto crudo que el país sudamericano ganará más dinero que nunca”, dijo Trump al medio citado. Desde la captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero, Washington busca intervenir de manera integral en la cadena de valor del petróleo venezolano: producción, refinación y comercialización global. En ese contexto, el presidente norteamericano mantuvo reuniones con ejecutivos de grandes petroleras para analizar un plan de inversiones de hasta US$100.000 millones destinado a reconstruir la industria hidrocarburífera de la nación. Según adelantó Trump, los fondos obtenidos por la venta del crudo incautado podrían utilizarse como capital inicial para ese proceso de reconstrucción, con un esquema que incluiría reembolsos estatales a las compañías que asuman el riesgo de reactivar campos, refinerías e infraestructura logística. Mientras avanza sobre el tablero energético latinoamericano, la administración de Trump redobló su ofensiva sobre Groenlandia, un territorio clave en la disputa por el Ártico. Esta vez, el foco no está puesto en la compra de la isla en su totalidad, sino en la obtención de soberanía estadounidense sobre las zonas donde operan bases militares de Estados Unidos. “Vamos a tener todo lo que queremos. Hay conversaciones interesantes en marcha”, afirmó el jefe de Estado en la misma entrevista. Desde hace meses, el mandatario presiona a Dinamarca bajo el argumento de que Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional frente al avance de Rusia y China en la región. Con 2,2 millones de kilómetros cuadrados y apenas 56.000 habitantes, la isla semiautónoma danesa se convirtió en un punto neurálgico del reordenamiento geopolítico. Estados Unidos opera allí desde la Segunda Guerra Mundial la Base Espacial Pituffik, un enclave estratégico para los sistemas de alerta temprana de misiles y el monitoreo del tráfico marítimo en el Ártico. Sin embargo, la Casa Blanca considera que la presencia actual es insuficiente. Uno de los esquemas en discusión contempla otorgar al país norteamericano soberanía sobre las áreas militares, sin transferir la totalidad del territorio. El modelo se inspira en el acuerdo de “áreas de base soberana” que el Reino Unido mantiene en Chipre, donde determinadas instalaciones son consideradas territorio británico. Funcionarios estadounidenses advierten que un eventual proceso de independencia de Groenlandia podría poner en riesgo el acceso militar, un escenario que Washington busca evitar. No obstante, el gobierno local marcó límites claros. El primer ministro Jens-Frederik Nielsen rechazó la propuesta: “La soberanía es una línea roja”. Más allá del discurso oficial, el interés de Estados Unidos en Groenlandia está vinculado a su potencial económico. El calentamiento récord del Ártico acelera el retroceso del hielo, que aún cubre cerca del 80% del territorio, y habilita el acceso a recursos estratégicos hasta ahora inaccesibles. La isla concentra minerales críticos y tierras raras, fundamentales para la transición energética, la industria tecnológica y el complejo militar-industrial. A esto se suman reservas de uranio, hierro, petróleo y gas, además de la apertura de nuevas rutas marítimas transatlánticas que prometen redefinir la logística global del comercio y la energía. Aunque Trump minimiza públicamente el cambio climático, sus asesores ven en el deshielo una oportunidad geoeconómica de primer orden: asegurar el suministro de materiales estratégicos en un contexto de competencia creciente entre potencias. La reacción europea fue inmediata y contundente. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier intento de toma hostil de Groenlandia implicaría, en los hechos, la ruptura de la OTAN. Copenhague calificó las amenazas como “inaceptables” y anunció un plan de inversión de US$4.000 millones para reforzar la defensa del territorio. En paralelo, un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España subrayó que “Groenlandia pertenece a su gente”.
A.G.